Alí Babá y los cuarenta ladrones

Por los mismos días en que el Ministerio del Interior de Cuba le negó el permiso de salida del territorio nacional a la blogera Yoani Sánchez para ir a recibir el premio “María Moors Cabot” que le otorgó la Universidad de Columbia en Nueva York, también les fue negado el permiso de viaje a mis tíos, quienes visitarían en Colombia a uno de sus hijos. Los señores, mayores de sesenta años, jubilados ambos, viajaron desde Santiago de Cuba a La Habana, con todo lo que de odisea tiene un traslado interprovincial en la isla, y durmieron en los portales de la embajada sudamericana para “sacar el turno” que les permitiera tramitar sus visas, las cuales finalmente obtuvieron.
Pero su ilusión duró poco: la oficina de Migración del MININT les comunicó que tenían prohibido salir de Cuba hasta el año 2011. ¿La razón? Que el hijo al que visitarían “traicionó la misión” —o sea, no regresó, “se quedó”, “desertó”—, por lo que se hizo acreedor a un castigo de varios años sin poder entrar a Cuba, extensivo a toda su familia, que no podrá salir de allí a ningún lugar del mundo durante el mismo período de tiempo. O sea, que el castigo es expansivo y se reparte como escarmiento.
Esos vetos pueden ser tan estrictos que, desde Celia Cruz hasta cualquier anónimo médico familiar, todos conocemos a más de un compatriota que no ha podido regresar a ver morir a sus seres queridos ni solicitándolo como “caso humanitario”. Pero también pueden ser muy laxos a conveniencia: yo, por ejemplo, también fui sancionada de manera similar a principios de siglo cuando decidí renunciar a mi “permiso oficial” y convertirme en “emigrado”, pero pude ir antes de los cinco años porque como nuestros consulados son una caterva de rateros autorizados, el de México tenía vaya usted a saber qué acuerdo con una de esas agencias de viaje operadas por cubanos bajo la venia y protección de la embajada, la cual tramitaba con el MININT —no sé si oficialmente o por debajo el agua— los permisos de entrada de los “castigados” a cambio de 80 o 100 dólares, una fortuna en comparación con los 25 que cuesta la visa para cualquier extranjero.
En aquel entonces, ya me había nacionalizado. México aún no admitía la doble nacionalidad y, para recibir la carta de naturalización, era requisito indispensable que entregáramos el pasaporte y firmáramos una declaración jurada en la que renunciábamos a nuestra nacionalidad anterior. Pero como el gobierno cubano jamás prescindirá del control de sus súbditos, hagan lo que hagan o se vayan a donde puedan irse, en cuanto recibíamos los documentos de identificación mexicanos debíamos presentarnos a la embajada de Cuba donde nos elaboraban un nuevo pasaporte. Sólo así podríamos volver a la isla, porque para una persona nacida allí es absolutamente imposible entrar con documentos expedidos por algún otro país. Abundan las anécdotas de “ex cubanos” regresados en el mismo avión en que llegan por no llevar el isleño pasaporte.
Lógicamente este procedimiento era clandestino porque, como ya dije, México no aceptaba que sus ciudadanos tuvieran otras nacionalidades ni documentos de otros países. Por lo cual, para volver a la isla había que “hacerle trampa” a México: en los mostradores del aeropuerto Benito Juárez enseñábamos el pasaporte mexicano y en los de la isla, el cubano, arriesgándonos a las consecuencias —nefastas— que aquello pudiera tener si los aztecas “se daban cuenta” del “engaño”.
Si bien hay una clara intención de control por parte del gobierno cubano que no quiere perder de vista a sus borregos, vayan adonde vayan, la función primera y fundamental de la estructura migratoria del Ministerio del Interior y de los consulados cubanos en el exterior es sacarles el dinero a los traidores gusanos. Sablazo a sablazo lo hemos interiorizado y aceptado —mal que nos pese— durante décadas. El negocio mejor planeado y más visionario de la revolución fue la división de la familia: la mitad fuera, la mitad dentro, lo cual garantizó el subsidio involuntario que los emigrados —tan vapuleados y denigrados— hemos otorgado a la economía nacional por medio de viajes a, o desde, la isla y remesas familiares.
Por eso dejaron salir con tanta complacencia —aunque la dibujaran de otras reacciones más aguerridamente revolucionarias— a los miles del Mariel, los miles de la gran migración de intelectuales y artistas de principios de los 90, los miles y miles desde la crisis de los balseros hasta hoy, sin importarles cuántos sean alimento de tiburones en el estrecho de la Florida o el golfo de México. Por eso se hacen de la vista gorda con las cartas de invitación “falsas”, la trata de personas y las lanchas que llegan “ilegalmente” a buscar gente a las mismísimas costas de la isla. Porque uno que se vaya mantiene a los que se quedan. Y ese dinero sólo puede ingresar a las arcas estatales porque en Cuba no hay otro tipo de propiedad que no sea la del Estado. Y no hay principios ni decencia: poderoso caballero es Don Dinero.
Pero dicho así, sin mucho detalle, pareciera que los cubanos, al margen de esas molestias referidas, pueden salir de su país sin mayor problema. Y no. Para que alguien trascienda los límites geográficos del archipiélago, debe haber recibido previamente carta de invitación de una persona o institución radicada en el extranjero que se comprometa expresamente a costear todos los gastos de viaje. Porque —no está de más decirlo— con aquellos salarios nadie podría hacerlo: los mayores sueldos ascienden a 400 pesos (unos 16 dólares al mes) y un boleto al lugar más cercano no costaría menos de 400 dólares.
Cuando el supuesto ciudadano recibiere la mencionada carta de invitación —notariada por la embajada respectiva y que en México cuesta poco más de 2,000 pesos— inicia el calvario de los permisos: tiene que tramitarlos ante el centro laboral o de estudios, ante el ministerio correspondiente, solicitar la visa del país en cuestión y finalmente, pedir la tarjeta blanca, o sea, el permiso de salida de Cuba. Los dos últimos peldaños (visa y tarjeta blanca) con un alto costo que, por supuesto, también suele sufragar quien extendió la invitación, al igual que el monto del boleto aéreo y la manutención durante la estancia. Esto sólo cambia en los casos de personas que se dediquen a algún negocio ilícito que les permita un ahorro de divisas o en el caso de funcionarios del gobierno que reciban los viáticos correspondientes.
Y como para salir, también hay que pedir permiso para entrar. Cuando las cosas empezaron a ponérseles feas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por los cuestionamientos a la violación del derecho universal de libre tránsito, el gobierno cubano inventó una modalidad llamada “Habilitación”, que recibimos, en primer lugar y de manera gratuita, los artistas e intelectuales, todos esos que nos pasamos la vida soltando la lengua. Ese otro “permiso” confiere entradas y salidas múltiples siempre que no se exceda la cantidad de 21 días de estancia en la patria querida. Porque al día 22, tendrá usted la patrulla en la puerta de su casa para llevarlo al aeropuerto.
El golpe económico resultante de esa gratuidad debe haber sido fuerte —ya no podrían cobrarnos el permiso de entrada—, pero un verdadero revolucionario no se amilana y convierte los reveses en victoria: inmediatamente empezaron a cobrar la prórroga de los pasaportes cada dos años. O sea, que usted paga 2,800 pesos mexicanos por la confección de un pasaporte por seis años, pero cada dos tiene que desembolsar 1,400 pesos para las actualizaciones parciales, sin las cuales no podrá entrar a Cuba de ninguna manera. De tal modo que el documento con vigencia de seis años cuesta nada más y nada menos que 5,600 pesos, o sea, unos 430 dólares. ¿Habrá alguno más caro, pero sobre todo más mañoso, en todo el universo, incluidas las galaxias circundantes?
Si piensa usted que ahí terminaron los malabares del viajero y los abusos del Estado socialista, se equivoca totalmente. El familiar o amigo que viene a visitarle debe pagar a la embajada cubana 560 pesos (unos 40 dólares) por cada mes de estancia, o sea, una especie de alquiler por estar fuera de Cuba. De no cubrir ese arancel, no podrá subirse al avión de regreso.
Además, los cubanos residentes en el extranjero debemos pagar a la entrada a la isla el exceso de equipaje que llevemos, aunque ya lo hubiéramos abonado a la línea aérea que nos transportó. Como si la isla se fuera a hundir con el peso de más. Y ni hablar de los impuestos por ingreso de efectos electrodomésticos o artículos personales porque eso cambia cada día, cada mes, cada vez que les convenga, a gusto y antojo del gobierno y, sobre todo, de los ladronzuelos de toda laya vestidos de militar del aeropuerto internacional “José Martí” y otros del interior, como cuenta el cantante popular Cándido Fabré en el video que aquí les dejo.